Entre estas propuestas encontramos puntos que se situan en
una posición diametralmente opuesta a la política del gobierno central. Una de
ellas es la formación de un fondo de crédito público, que cumpla la función
social de las entidades financieras, es decir, la concesión de crédito, frente
al irresponsable abandono de ésta por parte de la banca privada. Otra
iniciativa anunciada es el refuerzo de la progresividad de los impuestos, así
como un mayor gravamen a las grandes fortunas, ambas medidas destinadas al
aumento de los ingresos de la administración. Además de estas políticas
concretas, se anuncia un fuerte compromiso con la creación de empleo para
paliar la elevada tasa de desempleo de la comunidad (más del 31 %), respaldado
por una importante inversión pública; también se anuncia una mayor
democratización del sistema, buscando una mayor participación ciudadana en
política. Por último, el último detalle es la voluntad manifiesta de la cúpula
directiva de IU de integrarse en el ejecutivo de Griñán, iniciativa que no es
compartida por la totalidad del partido, pero que tendrán que decidir los
militantes el próximo día 28.
Si estas propuestas llegan realmente a salir adelante,
encontramos una situación política de lo más original en el panorama nacional,
que merece ser el centro de atención de la vida política de los próximos cuatro
años.
En primer lugar, tenemos a un PSOE obligado a escorarse
hacia lo que, supuestamente, son las políticas que le corresponde hacer. El
partido socialista se lo juega todo en Andalucía: tiene la oportunidad de
demostrar si realmente es un partido de izquierdas, o es necesaria una
refundación completa de la izquierda socialdemócrata. También tiene, por
cierto, la oportunidad, si las políticas producen buenos resultados, de
“hacerse la foto” junto a unas políticas claramente obra de IU, que de otro
modo el PSOE no hubiera llegado a aplicar.
En segundo lugar, Izquierda Unida tiene la oportunidad de
mostrar la efectividad, o no, de sus propuestas. La izquierda gobernará
Andalucía, pero no una izquierda desnaturalizada e institucionalizada, sino una
izquierda que lleva muchos años fuera de la primera línea del sistema, y que ha
estado preparando un programa político renovado, que ahora pondrá en práctica.
Esta izquierda va a aplicar unas políticas que están respaldadas por un amplio
sector de científicos sociales (economistas, sociólogos, politólogos), y que
encuentran ahora el momento de demostrar si son o no válidas para su aplicación
en una sociedad real. Tendríamos, por fin, las políticas que exige a gritos un
sector importante de la ciudadanía. No subestimemos este punto, pues Andalucía
se convierte ahora mismo en el centro de atención de la izquierda no solo
española, sino europea. Con toda la unión monetaria dominada por el neoliberalismo,
Andalucía será el único lugar donde se lleven a cabo políticas totalmente
diferentes a las impuestas por el BCE, y la izquierda europea no podrá –o no
debería- ignorar este hecho.
Ahora bien, también cabe ser prudente. IU se enfrenta, en el
supuesto de que entre en el gobierno, al desafío de depurar una administración
que no se saca airear desde hace 30 años, y ya se sabe la porquería que puede
llegar a acumular una administración cerrada durante tanto tiempo.
Ahora bien, y aquí llega la parte crucial del análisis, no
debemos olvidar que no estamos hablando de un Estado soberano, sino de una
comunidad. Es cierto que su estatus de Comunidad Histórica1 le sitúa
en mejor posición, pero no por ello deja de estar en parte limitada por la
administración central y por la espada de Damocles de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. No debemos olvidar, y os puedo asegurar que el pacto andaluz
tampoco lo olvida, que Madrid hará todo lo posible y lo imposible para hacer
fracasar unas políticas que, no solo son opuestas a la línea de actuación
neoliberal del Partido Popular desde el gobierno, sino que además son
potencialmente peligrosas, por mostrar a la población un ejemplo de salida
social de la crisis, lo que puede tener un impacto político enorme, en términos
de aumento de apoyo social a la izquierda, y con ella a Izquierda Unida.
Por supuesto, tampoco olvidemos el peso de los lobbys empresariales y financieros, que
pueden recurrir práctica del boicot económico, a la que ya han recurrido en
otras ocasiones para hundir regímenes que amenazaban su status quo.
El tiempo tendrá que decir, en primer lugar, si el nuevo
gobierno andaluz cumple lo prometido, en segundo, si se depura el subsuelo que
han ido produciendo los treinta años de administración socialista, y en tercer
lugar, si Madrid y los grandes intereses económicos no sabotean el programa, potencialmente
efectivo, del gobierno andaluz.
Confiemos en que la naturaleza díscola de Izquierda Unida le
permita defender con uñas y dientes el programa
al que tanto apelan, y no olvidarlo; confiemos también en que esos lobbys económicos encuentren sus redes
de influencia demasiado debilitadas por la crisis; y por supuesto, confiemos en
la sociedad andaluza, que después de demostrarnos un alto nivel de
responsabilidad política (a pesar de lo que pueda criticar la derecha
mediática) deberá respaldar al gobierno que democráticamente ha elegido para
salir de esta situación.
1Andalucía se rige por el artículo 151 de la
Constitución de 1978, por lo que al igual que Euskadi, Galicia y Cataluña –artículo
152-, tiene un grado de autonomía mayor al del resto de comunidades, regidas
por el artículo 143
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