Política después de los partidos

Los últimos barómetros del CIS confirman lo que algunos ya sabíamos desde mayo de 2011, que la gran mayoría de la sociedad española ha perdido completamente la confianza en los partidos políticos y, sobre todo, en sus dirigentes. La ciudadanía reniega de los políticos, todo el mundo critica su ineficacia, cuestiona sus principios, y sobre todo, da por sentado su corrupción. Para los que aspiramos a comprender los fenómenos políticos de nuestra sociedad, el hecho de que el 71,6% de la sociedad española confíe poco o nada en el presidente del gobierno y el 78,8% tampoco confíe en el líder de la oposición es un hecho mucho más que significativo, que nos hace plantearnos si el antiguo modelo de política, de líderes, partidos y binomios gobierno-oposición sigue siendo válido y, sobre todo, si sigue siendo eficaz para responder a las demandas políticas de la sociedad.

Muchos rebatirán que los resultados electorales, con la mayoría absoluta del Partido Popular, hablan por sí mismos. Dejando de un lado mentiras, y un sistema de ponderación del voto completamente injusto y que favorece a los partidos mayoritarios, tenemos que decir que estos resultados, o al menos el ascenso del PP en detrimento de los socialdemócratas era de esperar debido a lo que para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país significa ir a votar.  En un acto que dista muchísimo de un verdadero ejercicio de responsabilidad democrática, los ciudadanos y ciudadanas acuden a las urnas para elegir un sobrecito de un color o de otro. No se han leído el programa electoral del partido al que votan, y muchas veces sus criterios para elegir una opción u otra son oscuros procesos cognitivos basados más que nada en la inercia, o el prejuicio. Los del PP defienden a España, y los socialistas gobiernan mal, ya que siempre que gobiernan ellos sube el paro. O el PP son los de franco, y el PSOE defiende al obrero. Luego están los comunistas, que quieren que acabemos como en Rusia, o CiU, pero eso ya pilla más lejos.

Pensemos como la masa: en esta cultura electoral, el sonado fracaso del último gobierno socialista de Rodriguez Zapatero y la mala situación del país empujaron a muchos a votar por un partido que –por lo menos- prometía soluciones. ¿A quién vas a votar si no? Es así de simple.

Está claro que en este momento el sistema de partidos es un foco de corrupción y ineficacia, fuente de parte importante de los problemas de este país, sobre todo en el ámbito local y provincial, donde el clientelismo es la regla por excelencia. Sin embargo, ya hemos visto que la cultura política de los países occidentales está demasiado basada en ellos. No es concebible un sistema político sin partidos. La primera pregunta que me hace la gente con quien hablo de esto es: y bueno, ¿a que partido deberíamos votar? Tal vez la respuesta sea: a ninguno.

El domingo se emitió en el programa Salvados el caso de la localidad madrileña de Torrelodones. Aquí, una junta vecinal gobierna desde hace un año y ha logrado desplazar al antiguo alcalde y hacerse con la gestión municipal. Esta plataforma se presentó a las elecciones, sin identificarse con ningún partido o tendencia política concreta, simplemente lo que su propio nombre indica: Vecinos por Torrelodones. No obstante, ¿como puede un grupo de vecinos y vecinas, sin ser profesionales de la política, gestionar correctamente un ayuntamiento? Pues parece que muy bien, porque en un año, suprimiendo puestos de amiguetes, y gastos suntuarios como coches oficiales, han logrado pasar del déficit –que tanto nos preocupa- al superávit en las cuentas municipales. ¿La clave? Simplemente la filosofía que enuncia su alcaldesa: “El ayuntamiento no es mío, es de todos”. 

He aquí la solución a los problemas políticos de este país. Bueno, a los políticos y a los económicos, ya que, después de esto, a nadie se le ocurrirá decir que “no hay dinero”. Haberlo haylo.

Tal vez sea la hora de cambiar nuestra forma de actuación política, pasando de ideales, formulaciones teóricas y utopías, y llevando a la práctica las ganas que tenemos de un cambio real y completo. Plataformas ciudadanas que asuman el gobierno de sus localidades. Vecinos y vecinas de todos los ámbitos profesionales, -seguro que entre ellos habrá personas realmente competentes- que gestionen lo público buscando, sencillamente, el bien de las personas del municipio. Juntas -como tantas veces hemos formado en la historia de nuestro país-, que estén controladas desde abajo, completamente supervisadas por la ciudadanía, para garantizar que sirvan a ésta y no a intereses clientelares. Deben formarse autogobiernos municipales, y lograr el éxito en el ámbito mínimo, para después articularse y extenderse hacia arriba, hacia la organización provincial y autonómica, para llegar finalmente al gobierno central del Estado y acabar con la superestructura de corrupción e intereses que ha llevado a este país a la ruina. No obstante, tenemos que tener algo claro: se acabó el salir a la calle a protestar para que los líderes políticos solucionen los problemas sociales. Debemos salir de nuestras casas, sí, pero para entrar en los ayuntamientos y en las Cortes a solucionarlos por nosotros mismos. Es el momento de dar un giro completo, de que la indignación se convierta en acción, y de que el cambio que tan fehacientemente deseamos y reclamamos venga de nuestra propia mano, porque nadie ha de hacerlo por nosotros.

Con los ojos puestos en Andalucía

Hoy se han dado a conocer las líneas principales de la política que, supuestamente, va a seguir el nuevo gobierno autonómico andaluz. Para cualquiera que pudiera pensar que las cosas continúan igual en este territorio, es suficiente con echar una ojeada al programa presentado por la coalición de izquierdas que debe sustentar al nuevo gobierno. El PSOE andaluz, uno de los más fuertes dentro de la agrupación socialista, junto con IU, quien se ha convertido en depositario de la confianza de buena parte de la sociedad andaluza han presentado un plan de acción que muestra la marca inconfundible de la coalición izquierdista, y su voluntad por provocar un giro hacia la izquierda del ejecutivo presumiblemente liderado por Griñán.

Entre estas propuestas encontramos puntos que se situan en una posición diametralmente opuesta a la política del gobierno central. Una de ellas es la formación de un fondo de crédito público, que cumpla la función social de las entidades financieras, es decir, la concesión de crédito, frente al irresponsable abandono de ésta por parte de la banca privada. Otra iniciativa anunciada es el refuerzo de la progresividad de los impuestos, así como un mayor gravamen a las grandes fortunas, ambas medidas destinadas al aumento de los ingresos de la administración. Además de estas políticas concretas, se anuncia un fuerte compromiso con la creación de empleo para paliar la elevada tasa de desempleo de la comunidad (más del 31 %), respaldado por una importante inversión pública; también se anuncia una mayor democratización del sistema, buscando una mayor participación ciudadana en política. Por último, el último detalle es la voluntad manifiesta de la cúpula directiva de IU de integrarse en el ejecutivo de Griñán, iniciativa que no es compartida por la totalidad del partido, pero que tendrán que decidir los militantes el próximo día 28.

Si estas propuestas llegan realmente a salir adelante, encontramos una situación política de lo más original en el panorama nacional, que merece ser el centro de atención de la vida política de los próximos cuatro años.

En primer lugar, tenemos a un PSOE obligado a escorarse hacia lo que, supuestamente, son las políticas que le corresponde hacer. El partido socialista se lo juega todo en Andalucía: tiene la oportunidad de demostrar si realmente es un partido de izquierdas, o es necesaria una refundación completa de la izquierda socialdemócrata. También tiene, por cierto, la oportunidad, si las políticas producen buenos resultados, de “hacerse la foto” junto a unas políticas claramente obra de IU, que de otro modo el PSOE no hubiera llegado a aplicar.

En segundo lugar, Izquierda Unida tiene la oportunidad de mostrar la efectividad, o no, de sus propuestas. La izquierda gobernará Andalucía, pero no una izquierda desnaturalizada e institucionalizada, sino una izquierda que lleva muchos años fuera de la primera línea del sistema, y que ha estado preparando un programa político renovado, que ahora pondrá en práctica. Esta izquierda va a aplicar unas políticas que están respaldadas por un amplio sector de científicos sociales (economistas, sociólogos, politólogos), y que encuentran ahora el momento de demostrar si son o no válidas para su aplicación en una sociedad real. Tendríamos, por fin, las políticas que exige a gritos un sector importante de la ciudadanía. No subestimemos este punto, pues Andalucía se convierte ahora mismo en el centro de atención de la izquierda no solo española, sino europea. Con toda la unión monetaria dominada por el neoliberalismo, Andalucía será el único lugar donde se lleven a cabo políticas totalmente diferentes a las impuestas por el BCE, y la izquierda europea no podrá –o no debería- ignorar este hecho.

Ahora bien, también cabe ser prudente. IU se enfrenta, en el supuesto de que entre en el gobierno, al desafío de depurar una administración que no se saca airear desde hace 30 años, y ya se sabe la porquería que puede llegar a acumular una administración cerrada durante tanto tiempo.

Ahora bien, y aquí llega la parte crucial del análisis, no debemos olvidar que no estamos hablando de un Estado soberano, sino de una comunidad. Es cierto que su estatus de Comunidad Histórica¹ le sitúa en mejor posición, pero no por ello deja de estar en parte limitada por la administración central y por la espada de Damocles de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No debemos olvidar, y os puedo asegurar que el pacto andaluz tampoco lo olvida, que Madrid hará todo lo posible y lo imposible para hacer fracasar unas políticas que, no solo son opuestas a la línea de actuación neoliberal del Partido Popular desde el gobierno, sino que además son potencialmente peligrosas, por mostrar a la población un ejemplo de salida social de la crisis, lo que puede tener un impacto político enorme, en términos de aumento de apoyo social a la izquierda, y con ella a Izquierda Unida. 

Por supuesto, tampoco olvidemos el peso de los lobbys empresariales y financieros, que pueden recurrir práctica del boicot económico, a la que ya han recurrido en otras ocasiones para hundir regímenes que amenazaban su status quo.

El tiempo tendrá que decir, en primer lugar, si el nuevo gobierno andaluz cumple lo prometido, en segundo, si se depura el subsuelo que han ido produciendo los treinta años de administración socialista, y en tercer lugar, si Madrid y los grandes intereses económicos no sabotean el programa, potencialmente efectivo, del gobierno andaluz.

Confiemos en que la naturaleza díscola de Izquierda Unida le permita defender con uñas y dientes el programa al que tanto apelan, y no olvidarlo; confiemos también en que esos lobbys económicos encuentren sus redes de influencia demasiado debilitadas por la crisis; y por supuesto, confiemos en la sociedad andaluza, que después de demostrarnos un alto nivel de responsabilidad política (a pesar de lo que pueda criticar la derecha mediática) deberá respaldar al gobierno que democráticamente ha elegido para salir de esta situación.

¹Andalucía se rige por el artículo 151 de la Constitución de 1978, por lo que al igual que Euskadi, Galicia y Cataluña –artículo 152-, tiene un grado de autonomía mayor al del resto de comunidades, regidas por el artículo 143